A lo largo de República Dominicana hay una serie de lugares especiales con empresas que producen desde equipos médicos hasta joyas y están exentas de impuestos.

Se trata de zonas francas, parques industriales con reglas fiscales y aduaneras más benévolas que en el resto del país caribeño y que actualmente canalizan dos tercios de las exportaciones dominicanas.

Esas áreas se han vuelto también una fuente de trabajo para esta nación de 11 millones de habitantes, con 198.000 empleos directos generados hasta fines del año pasado, según cifras de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

De hecho, República Dominicana se ha convertido en el país de América Latina con más empleos directos por zonas francas y parques bajo ese régimen, seguido por Costa Rica y Honduras respectivamente, de acuerdo a la misma fuente.

«Las zonas francas sí son clave en nuestro país desde hace décadas, independientemente del partido que haya estado en el gobierno”, dice Claudia Pellerano, una dominicana que preside la AZFA, en diálogo con BBC Mundo.

Juegan un papel importante en la economía del país, que este domingo celebra elecciones presidenciales.

Sin embargo, estos lugares especiales han recibido apuntes críticos del Banco Mundial.

“Se han diversificado”

Las zonas francas se han vuelto una suerte de política de largo aliento que República Dominicana ha tenido para atraer inversiones desde 1969, cuando abrió la primera de ellas en la ciudad de La Romana.

Aquel emprendimiento nació a instancias de una transnacional con inversiones azucareras, la Gulf and Western Americas Corp., tras aprobarse normas de incentivo industrial que libraron de impuestos a compañías instaladas en zonas francas del país.

Con el tiempo surgieron otras zonas francas en República Dominicana. Las empresas que operaban en ellas pasaron el centenar ya en 1983. Y en los años siguientes su ritmo de crecimiento ya destacaba a nivel del Caribe y Centroamérica.

Este régimen especial dominicano recibió un incentivo importante desde Estados Unidos, primero con aranceles preferenciales a productos de la región y luego con el tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) a partir de la década de 2000.

Actualmente en las zonas francas dominicanas hay unas 820 empresas locales y extranjeras que movieron exportaciones por más de US$8.000 millones en 2023 según cifras oficiales, una cifra récord para el país, con EE.UU. como gran destino (79% del total).

Estas ventas incluyen desde los tradicionales textiles y tabaco hasta productos farmacéuticos y equipos médicos, que juntos son la principal exportación al totalizar US$2.474 millones y superar el 30% de las salidas desde zonas francas.

También exportaron productos plásticos, metálicos, eléctricos y calzados, entre otros.

Este abanico industrial sumó miles de puestos de trabajo en las zonas francas dominicanas, según sus defensores a mayor ritmo que en otros países latinoamericanos, donde abundan en esas áreas pequeñas y medianas empresas de comercio o servicios.

En base a su ubicación geográfica e infraestructura de puertos y aeropuertos, República Dominicana apuesta ahora a beneficiarse del nearshoring, una tendencia por la cual industrias occidentales tercerizan parte de su producción en países próximos para simplificar su logística en lugar de hacerlo en Asia.